Contexto:
En la Cumbre de los
pueblos, realizada en Cartagena en abril de 2012, se oyó decir que la minería
había llegado tarde a Colombia. ¿Y lo que se llevó la corona española no fue
precisamente el oro? ¿Y su extracción por rudimentaria no es minería? Diferente
es la presencia de la gran minería producto de la asociación de grandes
capitales para la conformación de transnacionales que irracionalmente explotan
nuestros recursos. En las bolsas de Toronto y Vancouver, Canadá, se concentra
casi el 80% del capital internacional destinado a la gran minería.
Latinoamérica es prácticamente un paraíso minero, por ello el gobierno
colombiano emprende, a través de sus embajadas, campañas en la búsqueda de
mayor seguridad jurídica, laboral, tributaria y administrativa, para minimizar
los riesgos de la inversión extranjera y asegurarle una ganancia
extraordinaria.
Descripción problemática:
No
hay país en Latinoamérica donde no haga presencia un mínimo de seis empresas
mineras, cuyo centro bursátil esté en las ciudades canadienses anteriormente
citadas; en Colombia, por ejemplo, Canacol Energy- Pacific Rubiales, es la más
prominente, por el volumen de capital y por la producción de petróleo, que suma
un poco más de 200.000 barriles diario.
Colombia
está entre los países del mundo con mayor explotación minera, especialmente de
carbón, oro y níquel. En las cifras sobre crecimiento en el 2011, entregadas
por el (DANE), Colombia muestra un crecimiento del 5.9%, del cual el sector
minero tiene la mayor participación con el 14.3%; de las exportaciones, las
materias primas en el 2011 representaron el 65% del total. Los precios del
petróleo oscilaron por los U$100 dólares el barril, el carbón 115 dólares la
tonelada y el oro 1600,50 dólares la onza. Esto habla de la magnitud del
saqueo.
Empero,
todos estos logros de la minería, una de las cinco locomotoras del gobierno de
Juan Manuel Santos, no están vinculados al encadenamiento del proceso
productivo nacional; la minería actúa como eslabón suelto, y no coloca a
Colombia en la vía del desarrollo económico, puesto que esta materia prima no
es aquí objeto de ningún proceso de transformación, ni interviene en la
transformación de otras materias primas. Más bien, la minería sume al país en
el atraso, profundiza su dependencia, y pone al desnudo la perversidad del
modelo neoliberal.
Sin
embargo, carece el país de un Código Minero, lo que constituye de por sí un
contrasentido; en el 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible la
reforma aprobada por el Congreso, por inconsulta ante las comunidades; hoy el
gobierno nacional tramita de nuevo en el Congreso el Código de Minas. Las
críticas dirigidas a este proyecto no se han dejado esperar, y se encaminan a
llamar la atención por las pretensiones del gobierno nacional de crear un marco
regulatorio a la pequeña minería para sacarla del contexto de la competencia a
las multinacionales. Según el gobierno, la minería tradicional no tiene
responsabilidad y es insegura, cuestión que sí asegura, según él, la gran
minería por la alta tecnología utilizada.
Pero la presencia de proyectos de
minería a gran escala atenta gravemente contra los trabajadores, el medio
ambiente, y las comunidades, que están siendo desplazadas para despejarle el
camino a la gran minería. Como ejemplo tenemos al Cerrejón, cuyos propietarios
son las transnacionales: (BHP Billiton, Xstrata y AngloAmerican),
MBX, Brasilera; Greystar Resources Ltda., La Medoro Resousces. En nombre del
desarrollo, esta empresa ha contaminado el medio ambiente, desplazado y desaparecido a las
comunidades nativas para que se enriquezcan empresas de capital extranjero,
principalmente del imperialismo norteamericano del cual depende Colombia.
Es tal la dependencia, que al gobierno
no le importa desplazar con el proyecto la Colosa a los mineros artesanales de
Marmato; a pesar de que la operadora del proyecto, Anglogold Ashanti, que
explota también la mina de oro más grande del país, en Cajamarca – Tolima, es
una de las poquísima multada por la contaminación del medio ambiente. Por esto
se han suscitado en Colombia grandes confrontaciones con las poblaciones
vecinas a los proyectos; a pesar de que el gobierno nacional ha otorgado
certificaciones de funcionamiento, la realidad es que atentan contra las
poblaciones: generando desplazamientos violentos, pérdidas en algunos casos de
ojos de aguas, contaminación del ambiente. Las comunidades son las que sufren
directamente el impacto negativo de la minería a gran escala. Además, la
recuperación de la capa vegetal en las áreas de explotación a cielo abierto,
así como lo fue su composición centenaria, así será su recuperación.
Por eso las luchas levantadas por la
defensa del Páramo de Santurbán, Santander, la que se prepara en La Guajira en
contra de la decisión de la BHP Billinton, Xtracta Anglo American de desviar el
Río Ranchería en 26 kilómetros, porque guarda bajo su curso un manto de carbón
con una reserva aproximada de 500 millones de toneladas, y la desaparición
inmediata del ojo de agua de Cañaverales, cuando entre a funcionar plenamente
la MBX, de donde se han surtido de agua por centurias sus habitantes en el sur
de La Guajira. La utilización indiscriminada de mercurio y cianuro que
contamina las aguas perjudica a las poblaciones adyacentes a las explotaciones
de oro como en La Colosa, etc. La justeza de estas luchas demanda de la
solidaridad de todo el pueblo colombiano y a estrechar lazos de unidad en el
país, por la unidad en contra de la gran minería, por los perjuicios que
ocasionan en el país.
Fuentes:
Por Camilo Galindo
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